Se trata de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Alberto Coddou y Dr. Sebastián Smart.
Dos proyectos Fondecyt de Iniciación 2022 de la Dirección Nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo (ANID), fueron adjudicados por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Se trata de los profesores Dr. Alberto Coddou y Dr. Sebastián Smart.
El objetivo de este concurso es fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de excelencia, a través de la promoción de nuevos(as) investigadores(as), mediante el financiamiento de proyectos de investigación de 2 a 3 años de duración en todas las áreas del conocimiento.
Proyectos 2022
El profesor Alberto Coddou explicó que, su proyecto aborda la relación entre procesos automatizados de decisión que utilizan tecnologías digitales y el principio de igualdad y no discriminación. En concreto -dijo- pretende comprender el fenómeno de la discriminación algorítmica y sus diferentes formas, con el objeto de proponer, en el marco del ordenamiento jurídico chileno, las respuestas institucionales adecuadas; esto es, las interpretaciones, adecuaciones o modificaciones que se deberían realizar para abordar las formas de discriminación algorítmica.
Para ello, agregó el académico, el proyecto utiliza dos casos de estudio: el ‘Estado de Bienestar Digital’ y las ‘Plataformas Digitales de Trabajo’, que comprenden ámbitos públicos y privados en que se ha observado una creciente utilización de procesos automatizados de decisión y que, además, están afectados por lo que se denomina como ‘opacidad algorítmica’. El proyecto busca ofrecer una respuesta a las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿qué formas de discriminación algorítmica se observan en los procesos automatizados de decisión que se aplican en los sistemas de protección y asistencia social y en las denominadas ‘Plataformas Digitales de Trabajo’?; (2) ¿cómo se han abordado estas formas de discriminación algorítmica en sistemas jurídicos comparados, considerando los desafíos que plantea la opacidad algorítmica?; (3) ¿qué lugar corresponde a la prohibición de discriminación indirecta en la lucha contra la discriminación algorítmica? (4) ¿qué interpretaciones, adecuaciones o modificaciones se pueden proponer al ordenamiento jurídico chileno para abordar estas formas de discriminación algorítmica?
Al respecto, el Dr. Coddou señaló, “estoy muy entusiasmado con la idea de estudiar las diferentes formas en que los algoritmos discriminan, con el objeto de proponer las regulaciones adecuadas y efectivas para respetar el principio de igualdad y no discriminación. Si bien este principio ha sido estudiado de manera detallada, aún no está claro cómo es que las nuevas tecnologías pueden terminar afectando este principio que creemos tan fundamental para nuestros ordenamientos jurídicos. El proyecto supone estudiar en detalle diversos procesos automatizados de decisión que actualmente impactan en varios ámbitos de nuestras vidas, desde la gestión de nuestros trabajos hasta la posibilidad de acceder a un subsidio o prestación estatal”.
En este contexto -dijo el profesor- espera dialogar con las ciencias de la computación o con las emergentes tendencias en ciencia de datos, para tratar de comprender cómo los nuevos desarrollos tecnológicos pueden impactar o afectar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, teniendo especial consideración por aquellos casos de discriminación indirecta.
En tanto, el profesor Sebastián Smart, manifestó que su proyecto se basa en una pregunta principal: ¿Cuáles son los factores que permiten la litigación estratégica en el campo de empresas y derechos humanos? Para responder esta pregunta principal, la investigación se basa en una serie de preguntas secundarias: primero, ¿cuáles son las propuestas teóricas más adecuadas para analizar la movilización legal en el campo de empresas y derechos humanos?; segundo ¿qué oportunidades otorga el marco jurídico chileno para perseguir judicialmente la responsabilidad de empresas en el campo de los derechos humanos?; y tercero ¿Cuáles han sido las medidas y propuestas adoptadas en el derecho comparado para adaptar la legislación doméstica a estándares en materia de empresas y derechos humanos particularmente en los sectores extractivos y tecnológicos?
Al responder la pregunta principal -comentó el académico- la investigación buscará, como objetivo general, analizar cuáles son las causas de la movilización legal estratégica en el campo de empresas y derechos humanos. Para ello, se identificará el contexto legal y marco normativo del país, así como las organizaciones que trabajan en materia de litigación estratégica en este campo. A su vez, los objetivos específicos son: primero, establecer, en base a la literatura sobre empresas y derechos humanos y la movilización legal, un marco teórico adecuado para el estudio del caso chileno; segundo, analizar la regulación y jurisprudencia del campo sobre empresas y derechos humanos en el sistema jurídico chileno observando las oportunidades legales para perseguir la responsabilidad de las empresas en esta materia a nivel judicial; y tercero, identificar las formas en que sistemas comparados (Argentina, Francia y Reino Unido), han abordado el campo sobre empresas y derechos humanos, particularmente en los sectores extractivos y de las nuevas tecnologías.
El profesor Sebastián Smart, precisó que el Fondecyt de Iniciación permitirá estudiar en detalle aspectos de litigación en materia de derechos humanos y empresas. “En este sentido es un fondo que permite, por una parte, desarrollar un marco analítico para el estudio la movilización legal estratégica, pero -además- al ser una investigación basada en el marco de derechos humanos, es una investigación capaz de influir otras áreas del derecho y las ciencias sociales. Esto porque el campo de empresas y derechos humanos es un campo esencialmente multidisciplinario”.
Por último -agregó- es una investigación que también pretende tener una serie de impactos en las políticas y la comunidad. “En particular, se buscará demostrar que un marco regulatorio mal definido y/o mal implementado en materia de empresas y derechos humanos pueden ser un catalizador de conflictos. Por su parte, analiza cómo la litigación estratégica puede mejorar dichos campos normativos. Este estudio puede entonces servir como base para mejorar el marco normativo y generar mejores mecanismos de resolución de conflictos, particularmente, en los campos de empresas extractivas y de las nuevas tecnologías”.
Para la Facultad, este logro ratifica la reconocida trayectoria de su cuerpo docente que realizan investigación jurídica de excelencia. Un total de 25 proyectos Fondecyt de Iniciación fueron adjudicados por académicos y académicas de la UACh en diversas áreas del conocimiento, donde 27 de ellos pertenecen al grupo de estudios Ciencias Jurídicas y Políticas.