La Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, está compuesta por profesionales del ámbito académico, del Colegio de Abogados y la Defensoría Penal Pública, del Colmed; del Servicio de Salud de Valdivia y la Seremi de Salud de Los Ríos.
Este jueves, se llevó a cabo la segunda sesión de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales (Corepprem), con el fin de trazar objetivos concretos que permitan dar cumplimiento a las metas de la Comisión que tienen directa relación con la protección de los derechos y evitar vulneración a las personas que tengan algún diagnóstico de enfermedad mental.
La reunión fue la presidenta de la Comisión, la psicóloga Marcela Martínez; la secretaria ejecutiva de la instancia, Susan Toro y los profesionales del ámbito académico, Dr. Walter Brokering, director del Instituto de Psiquiatría de la UACh; las psicólogas Fernanda Barrera y Natalia Ojeda, directora y académica de la carrera de Psicología de la USS respectivamente; las psicólogas María Cecila Vegas, directora de la carrera de Psicología y Rocío Jerez, coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Santo Tomás. También estuvo presente el abogado Oscar Soto, representante del Colegio de Abogados y de la Defensoría Penal Pública; el psiquiatra Dr. Fernando Bertrán del Colegio Médico; la psicóloga Viviana Segura, encargada de Salud Mental del Servicio de Salud Valdivia y la jefa de Gabinete del Seremi de Salud, Cristina Ojeda.
Entre las atribuciones de la Corepprem es promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad psíquica e intelectual cuando éstos sean o puedan ser vulnerados en la atención de salud, para lo cual podrá realizar supervisiones en terreno y solicitar los informes y antecedentes necesarios a los prestadores, sean éstos instituciones o individuales.
Además, pueden proponer al Minsal, a través de las subsecretarías de Salud Pública o de Redes Asistenciales, según corresponda, directrices técnicas y normativas complementarias, con el fin de garantizar la ley para el fomento y protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales; entre otras facultades como la vinculación y coordinación con otros organismo públicos o privados que permitan generar acciones en beneficio de las personas con patologías psíquicas.