La Autoridad señaló que se busca aumentar a un 25% anual la evaluación de la oferta programática, que actualmente fluctúa entre un 6% y 8% anual.
Asimismo, indicó que la Agencia “no va a estar cambiando o imponiendo al Gobierno cosas distintas que hacer. Lo que sí va a buscar es que aquellos programas o aquellas regulaciones que se proponen sean lo más eficaces y eficientes posible para el logro de su objetivo”.
Abordando un nuevo componente del Pacto por el Crecimiento Económico, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este martes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Esta nueva entidad tendrá autonomía respecto del ciclo político, y su objetivo será propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado.
En su presentación, el ministro ahondó en la necesidad de avanzar en la creación de esta entidad y explicó que a nivel público “todos los años se evalúan 20 o 25 programas. Con los años, con todo lo que se ha acumulado hasta ahora, desde el 2018, se han hecho 137 evaluaciones que abarcan 241 programas, correspondientes a una oferta programática de 700 programas públicos. Y por lo tanto eso significa que Chile, en términos de desarrollo de capacidad en materia de evaluación, estamos muy avanzados”. Continuó la autoridad, “pese a esa experiencia, hay ámbitos que no están sistemáticamente abordados, por ejemplo, la evaluación de impacto regulatorio. Y en lo que es la evaluación de resultados, se evalúa entre 6% y 8% de la oferta programática anualmente. Buscamos que esas cifras se acerquen a un porcentaje del 25%”.
La iniciativa propone que, entre sus funciones principales, la Agencia realice evaluaciones Ex-Post, que
actualmente recaen en la Dirección de Presupuestos (DIPRES), guiada por un Plan Anual de Evaluación que se consultará a los(as) ministros(as) de Hacienda, Secretaría general de la Presidencia, Economía, Desarrollo Social y a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional. También se encargará de las buenas prácticas regulatorias y la evaluación de impacto regulatorio ex-ante, ejerciendo funciones rectoras, fijando estándares, guías metodologías y procedimientos.
Asimismo, entregará recomendaciones sobre problemas públicos y de productividad, asumiendo funciones que actualmente ejerce la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y, a su vez, la Agencia podrá gatillar por sí misma estos procesos. Respecto de mecanismos de mejora, acompañará a organismos responsables en la elaboración de planes para acoger recomendaciones que emanen de procesos de evaluación ex–post y hacerles seguimiento.
“Lo que hace esta agencia es que integra 100% a la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad. No es que se quede un cascarón vacío en otro lado y la gente se vaya a esta agencia. Se traslada toda la función y todo el equipo se incorporará a esta Agencia. Lo mismo que todo el equipo que se dedica a evaluación en la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos. Dado que su expertise está más ligada a las regulaciones y a la productividad, probablemente ello va a ser la base de lo que haga la Agencia en esa materia; mientras que el personal que va a venir de la Dirección de Presupuestos, cuya expertise es la evaluación de programas, será la base para esa función”, detalló Marcel respecto de los traspasos de dotación de la CNEP y Dipres.
“La Agencia entrará en operaciones un año después de promulgada la ley. El proyecto establece que para la elaboración del Plan Anual de Evaluación de Resultados, la Agencia deberá consultar a los ministros y ministras de Hacienda, Segpres, Economía, MIDESO y a la Comisión Mixta de Presupuestos, para reforzar su vínculo con el ciclo presupuestario”, explicó la subsecretaria Heidi Berner.
Berner agregó que otro elemento clave es que se trata de una agencia que posee autonomía técnica y cuenta con su propio consejo: “Pero, junto con eso, debe ser una institucionalidad que permita tener injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones, razón por la cual se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda”.
Institucionalidad de la Agencia Institucionalidad de la Agencia
El proyecto considera las siguientes atribuciones para esta nueva Agencia: dictará directrices y lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de programas sociales y no sociales; evaluará, por sí o a través de terceros evaluadores, las políticas, prácticas, planes y programas sociales y no sociales de los órganos de la Administración del Estado definidos previamente en el Plan Anual de Evaluación; elaborará el Plan Anual de Evaluación de Resultados; promoverá el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora regulatoria; realizará y publicará un informe anual; colaborará con los órganos de la Administración del Estado en el diseño e implementación de sus Planes de Mejora; elaborará lineamientos, guías o manuales aplicables a la evaluación de políticas, normas, planes y programas públicos; publicará los resultados de los procesos de evaluación, estudios, informes; capacitará en materias de su competencia; solicitará a otros órganos de la Administración del Estado la información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones; colaborará con otros órganos de la Administración del Estado para que puedan acceder, de conformidad a la normativa vigente, a la información; fomentará la vinculación, la colaboración y la cooperación, a nivel nacional e internacional; elaborará y entregará a Presidencia un reporte anual.
“La definición de planes y programas de política pública es una función fundamentalmente política, es una responsabilidad de la autoridad política, propia del ejercicio del Ejecutivo, con los contrapesos en el Congreso, fundamentalmente a través del proceso presupuestario. Entonces, si se va a crear una agencia de carácter técnico, no es una entidad para reemplazar o para sustituir las definiciones de política que tenga el Gobierno.
Los Gobiernos tienen ciertas prioridades, propósitos y programas. Y no va será esta Agencia la que va a estar cambiando o le va a estar imponiendo al Gobierno cosas distintas que hacer, lo que sí va a buscar es que aquellos programas o aquellas regulaciones que se proponen sean lo más eficaces posible para el logro de su objetivo”, precisó la autoridad respecto del rol que cumplirá esta entidad.
La gobernanza de la Agencia estará compuesta por un consejo de cinco miembros, encabezado por su
presidente, quien ejercerá como jefe del servicio. Los consejeros/as serán designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros, y durarán 5 años en sus funciones.
Al Consejo le corresponderá aprobar todos los lineamientos, estándares, guías o manuales que deberá dictar a la Agencia; los Planes Anuales de Evaluación de Resultados; las normas necesarias para la realización de la evaluación de impacto regulatorio; el informe anual sobre el desempeño de su objeto y el ejercicio de sus funciones; estándares, guías o manuales aplicables a la evaluación de programas públicos que realicen los órganos de la Administración del Estado; reportes de seguimiento de Planes de Mejora; y las bases de licitación para la selección de terceros evaluadores y su contratación.
La Agencia tendrá una dotación de 39 funcionarios en régimen, los que podrán ser traspasados desde la Dipres (hoy se traspasarían 11 funcionarios) y la CNEP (hoy se traspasarían 18). El costo fiscal en régimen se proyecta en $2.928 millones al año que comprende las dietas del Consejo, y otros gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de la agencia considerando que se traspasarán los recursos de CNEP y Dipres ($2.111 millones).