UNO: Hace unos días se informó que el ex rector de la UACH Oscar Galindo seria formalizado en los próximos días por administración desleal y apropiación indebida. La responsabilidad sin duda corresponde determinarla a los tribunales de justicia en el proceso respectivo. ¿Pero cabe la pregunta fallaron todos los controles internos en la universidad? ¿Y el Directorio de la UACH nunca requirió información por el alto endeudamiento y los hechos que fundamentan la acusación? ¿Y los vicerrectores? ¿Y el cuerpo de decanos? Por acción u omisión estos cuerpos colegiados no hicieron su trabajo y ahora se debe enfrentar un presupuesto contractivo, despido de profesores y cierre de carreras.
DOS: En los últimos meses nos hemos enterado de que la gran mayoría de los Gobiernos Regionales traspasaron altísimos fondos públicos a fundaciones saltándose toda la legalidad administrativa y que hoy están siendo investigadas por la Contraloría General y las Unidades Anticorrupción del Ministerio Publico. De nuevo lo mismo ¿son solo responsables los gobernadores Regionales? ¿Y dónde estaban los consejeros Regionales? ¿Nunca nadie detectó que los convenios y traspasos de fondos eran sin licitaciones ni cumplimiento de normativa administrativa?
TRES: En los últimos meses más de 30 alcaldes -de todos los sectores políticos- han sido investigados y/o formalizados por múltiples delitos por el Ministerio Público: fraude al fisco, administración fraudulenta, cohecho, estafa y otros. Muchos ya están en juicio y con alta notoriedad pública. Salvo honrosas excepciones nunca hubo pronunciamiento o acusaciones – a la Contraloría o
las Fiscalías- por los concejales que son las personas que por ley deben fiscalizar al gobierno municipal.
CUATRO: Razones para que las personas y entes colegiados deben fiscalizar y no lo hacen; seguramente hay muchas, como: identidad ideológica, amistad, corrupción, negligencia y cobardía.
QUINTO: En general, los delitos de corrupción y contra la probidad nunca son cometidos por una persona, ya que siempre requiere para sus maniobras la participación de varios funcionarios y fiscalizadores dóciles, sumisos, corruptos y carentes de energía o carácter para pedir información y denunciar las irregularidades administrativas o los hechos constitutivos de delito.
SEXTO: Los electores ahora que se inicia un proceso electoral deben informarse, y a su turno someter a escrutinio a sus fiscalizadores, porque con su apatía y negligencia permiten que rectores, gobernadores y alcaldes sigan despilfarrando los recursos públicos y no lleguen a los vecinos y ciudadanos quienes son los genuinos y legítimos destinatarios de tales fondos.
MARIO ROMERO OLIVERA